La ocurrencia de incendios de gran magnitud en Lima en muy pocos días y bajo circunstancias complicadas nos obligan a evaluar en forma integral las condiciones de seguridad en nuestra ciudad. Al margen de la necesidad de investigar a fondo si alguno de estos incendios habría sido el resultado de un repudiable acto de sabotaje, es importante preguntarse si nuestra ciudad cuenta con los sistemas, recursos e institucionalidad necesarios para enfrentar eventos catastróficos como incendios, inundaciones, huicos y sismos. Un sismo de gran intensidad en Lima generararía daños humanos muy graves y perjuicios económicos equivalentes a un tercio del PIB nacional. Y la ciudad de Lima no está aún bien preparada para algo así.
La Municipalidad de Lima acaba de recibir competencias en materia de Defensa Civil, pero sin una adecuada transferencia de recursos humanos y financieros desde el gobierno central. El cuerpo de bomberos de la ciudad enfrenta sus arduas tareas con unidades casi obsoletas y un precario equipamiento, en un contexto donde el agua escasea y los locales urbanos no cumplen con mínimos criterios de prevención y preparación para emergencias. En este contexto, se hace urgente que las diversas instancias de gobierno nacional, regional y local asumamos coordinadamente y con recursos las responsabilidades frente a un tema de seguridad y defensa de la vida de las personas.
Hace unas semanas la alcaldesa Villarán presentó en coordinación con la presidencia del Congreso un proyecto de Ley para crear un programa masivo para acciones de apuntalamiento de viviendas en 17 grandes zonas vulnerables y espacios tugurizados en la ciudad. La iniciativa que fuera acogida por el Presidente del Congreso, fue retirada de la agenda de la legislatura pasada sin motivo aparente. Mientras tanto, la ciudad sigue sin contar con recursos y procesos para aumentar la seguridad de miles de viviendas en zonas vulnerables.
Las recientes experiencias con emergencias simultáneas en nuestra ciudad, que felizmente no han conllevado víctimas fatales, nos deben servir para aprender, pero sobre todo para saber articular y asignar recursos públicos. Y no deberían los políticos usar estas desgracias para hacer lo de siempre, buscar “culpables” con fines políticos. Nuestra ciudad requiere de la clase política y de las instancias de gobierno la mayor seriedad y profesionalismo para enfrentar la precaria situación de la seguridad urbana. En los próximos días la alcaldesa convocará a congresistas electos por Lima, a diversos sectores del Ejecutivo y a alcaldes distritales para ponernos de acuerdo en una agenda mínima por la seguridad de Lima. Esperamos que esta iniciativa sirva para salir de una situación de precariedad y falta de coordinación en temas tan sensibles para la vida de todos nuestros ciudadanos.
domingo 11 de marzo de 2012
domingo 19 de febrero de 2012
Una revocatoria que raya en el absurdo
Fortalecer las instituciones de nuestra democracia es fundamental para avanzar en una senda de crecimiento con inclusión social. En este contexto, resulta una grave afrenta al sistema democrático escuchar a la cara visible de los revocadores de nuestro gobierno municipal diciendo que este asunto de la revocatoria es sólo un asunto de plata y que le importa muy poco lo que ocurra con la ciudad ya que se trata de publicitar su instituto. Un derecho consagrado en nuestras normas termina pervirtiéndose hacia intereses subalternos.
Lo grave de este caso no son sólo las intenciones poco santas del revocador, sino el hecho de que el gobierno de la principal ciudad del país termine siendo sometida a los oscuros designios de personajes sin autoridad moral o representatividad social y política para convertirse en legítimos cuestionadores de un gobierno democráticamente elegido. Hasta ahora ningún partido democrático se ha plegado a este proceso revocatorio de Lima y ya se cuentan por varias decenas las personalidades políticas, sociales e intelectuales que han rechazado la revocatoria.
Como autoridad electa de la ciudad de Lima y dirigente del partido Fuerza Social enfrento esta revocatoria con tranquilidad y humildad. Es parte de las reglas de juego y a ellas debo remitirme. No obstante, quiero llamar la atención sobre lo absurdo del proceso revocatorio en que estamos inmersos. Los revocadores invocan la ineficiencia de la gestión de Susana Villarán como principal argumento revocador, pero resulta que piden sacar no sólo a la alcaldesa, o a la alcaldesa y regidores de FS, sino a todo el concejo municipal, es decir tanto a los regidores de la mayoría gobernante como a los de oposición, a quienes obviamente no podríamos culpar por supuestas ineficiencias de nuestra gestión.
De prosperar este operativo revocatorio para conseguir el número de firmas requerida en Lima (400 mil válidas, quizás obtenibles previa operación financiera de gran envergadura), tendremos que ir en setiembre de este año a un referéndum de la alcaldesa y de todo el gobierno municipal. De conseguir los revocadores el 50% más uno del voto popular, la alcaldesa y todo el Concejo Municipal nos tendríamos que ir sin que se haya previsto algún mecanismo razonable para gobernar la ciudad en el periodo en el que se produzca las nuevas elecciones de autoridades. Y el nuevo gobierno entraría en funciones a mediado del 2013, con solamente algunos meses de gobierno cuando se deberá llamar a nuevas elecciones otra vez, es decir, de prosperar todo esto Lima tendría…tres alcaldes, en tres años!.
Esa es la revocatoria real y absurda que nos proponen estos revocadores que en su afán crematístico y oportunista dicen con desparpajo que la ciudad les importa poco y que lo que con tal de tener figuración están dispuestos a desestabilizar al gobierno municipal más importante del país. Debo estar dispuesto a enfrentar un proceso revocatorio dado su origen democrático (ya enfrenté uno de vacancia que no prosperó), pero esto que quieren hacer los revocadores en Lima no tiene nada de democrático y es ya a esta altura una farsa. Ojalá existan mecanismos legales concretos para detener tamaño despropósito pero de no haberlos queda apelar a la sabiduría popular que o sabrá negar las firmas necesarias o en su defecto, derrotar todo este despropósito en las urnas.
Lo grave de este caso no son sólo las intenciones poco santas del revocador, sino el hecho de que el gobierno de la principal ciudad del país termine siendo sometida a los oscuros designios de personajes sin autoridad moral o representatividad social y política para convertirse en legítimos cuestionadores de un gobierno democráticamente elegido. Hasta ahora ningún partido democrático se ha plegado a este proceso revocatorio de Lima y ya se cuentan por varias decenas las personalidades políticas, sociales e intelectuales que han rechazado la revocatoria.
Como autoridad electa de la ciudad de Lima y dirigente del partido Fuerza Social enfrento esta revocatoria con tranquilidad y humildad. Es parte de las reglas de juego y a ellas debo remitirme. No obstante, quiero llamar la atención sobre lo absurdo del proceso revocatorio en que estamos inmersos. Los revocadores invocan la ineficiencia de la gestión de Susana Villarán como principal argumento revocador, pero resulta que piden sacar no sólo a la alcaldesa, o a la alcaldesa y regidores de FS, sino a todo el concejo municipal, es decir tanto a los regidores de la mayoría gobernante como a los de oposición, a quienes obviamente no podríamos culpar por supuestas ineficiencias de nuestra gestión.
De prosperar este operativo revocatorio para conseguir el número de firmas requerida en Lima (400 mil válidas, quizás obtenibles previa operación financiera de gran envergadura), tendremos que ir en setiembre de este año a un referéndum de la alcaldesa y de todo el gobierno municipal. De conseguir los revocadores el 50% más uno del voto popular, la alcaldesa y todo el Concejo Municipal nos tendríamos que ir sin que se haya previsto algún mecanismo razonable para gobernar la ciudad en el periodo en el que se produzca las nuevas elecciones de autoridades. Y el nuevo gobierno entraría en funciones a mediado del 2013, con solamente algunos meses de gobierno cuando se deberá llamar a nuevas elecciones otra vez, es decir, de prosperar todo esto Lima tendría…tres alcaldes, en tres años!.
Esa es la revocatoria real y absurda que nos proponen estos revocadores que en su afán crematístico y oportunista dicen con desparpajo que la ciudad les importa poco y que lo que con tal de tener figuración están dispuestos a desestabilizar al gobierno municipal más importante del país. Debo estar dispuesto a enfrentar un proceso revocatorio dado su origen democrático (ya enfrenté uno de vacancia que no prosperó), pero esto que quieren hacer los revocadores en Lima no tiene nada de democrático y es ya a esta altura una farsa. Ojalá existan mecanismos legales concretos para detener tamaño despropósito pero de no haberlos queda apelar a la sabiduría popular que o sabrá negar las firmas necesarias o en su defecto, derrotar todo este despropósito en las urnas.
domingo 8 de enero de 2012
La revocatoria como arma politica
La compra de algunos kits para revocar a la alcaldesa Villaran y todos los regidores de Fuerza Social quiere ser presentado como un hecho espontáneo de la ciudadania. Lo cierto es que esta es una estrategia politica construida por algunos grupos de interés desde el primer dia de nuestra gestión y cuyo objetivo central es debilitar al gobierno democráticamente elegido de Lima y evitar que podamos cumplir con un plan de gobierno que trae cambios vitales para la ciudad en materia de transporte, espacios públicos, cultura y desarrollo urbano. Los revocadores nunca quisieron darle una oportunidad a nuestra gestión y desde el primer dia iniciaron una campaña de demolición, exagerando errores y mintiendo descaradamente sobre supuestos actos de corrupción.
Revocar autoridades electas es un derecho ciudadano que debe ser utilizado con mucha responsabilidad, más aún cuando se trata del gobierno de la ciudad donde vive uno de cada tres peruanos. Ninguna responsabilidad vemos en los personajes que dicen querer revocarnos, no representan a nadie y no explican porqué quieren someter a Lima a dos años de desgobierno y caos cuando la ciudad y el país más necesitan de estabilidad y paz social. Ningún partido político democrático apoya esta aventura revocatoria de personajes oscuros y con pasado poco conocido.
Revocar sin argumentos y sin una mínima base ética y moral es una grave manipulación del legítimo derecho de la revocatoria. Lo único que hace es desacreditar un instrumento democrático. Nosotros creemos en la revocatoria cuando refleja procesos reales de indignación ciudadana frente a autoridades corruptas o indolentes, y estamos muy claros en que no somos ni lo uno ni lo otro. Lo que estos peligrosos revocadores deben explicar es cuáles son sus verdaderas intenciones y a qué intereses defienden, ya que no parece razonable asumir que sean legítimos representantes de algun movimiento de indignación ciudadana.
No hay temor ni angustia de nuestra parte frente a estos revocadores porque tenemos la razón y la ética de nuestro lado. Los limeños y limeñas sabrán muy bien distinguir que una cosas es desaprobar inicialmente algunos aspectos de nuestro gobierno y otra muy distinta es querer tirarse abajo en su segundo año a un gobierno elegido limpiamente y para cumplir un plan de gobierno en cuatro años.
En estos días vemos como los revocadores empiezan a hablar de adelanto de elecciones, es decir, reconocen que no quieren respetar la ley electoral en su desesperación por tumbarse como sea a Susana Villaran. Reconocen qué no creen en el propio proceso revocatorio y sus plazos legales. Y le mienten a la gente una vez más al querer confundir revocatoria con elección de autoridades cuando son procesos distintos y con tiempos distintos. Si la revocatoria ocurriera en septiembre de este año, los limeños tendríamos nuevas autoridades recién a fines del 2013...y casi un año sin gobierno metropolitano. Es evidente que quienes promueven este escenario lo último que piensan es en el beneficio de nuestra ciudad.
Revocar autoridades electas es un derecho ciudadano que debe ser utilizado con mucha responsabilidad, más aún cuando se trata del gobierno de la ciudad donde vive uno de cada tres peruanos. Ninguna responsabilidad vemos en los personajes que dicen querer revocarnos, no representan a nadie y no explican porqué quieren someter a Lima a dos años de desgobierno y caos cuando la ciudad y el país más necesitan de estabilidad y paz social. Ningún partido político democrático apoya esta aventura revocatoria de personajes oscuros y con pasado poco conocido.
Revocar sin argumentos y sin una mínima base ética y moral es una grave manipulación del legítimo derecho de la revocatoria. Lo único que hace es desacreditar un instrumento democrático. Nosotros creemos en la revocatoria cuando refleja procesos reales de indignación ciudadana frente a autoridades corruptas o indolentes, y estamos muy claros en que no somos ni lo uno ni lo otro. Lo que estos peligrosos revocadores deben explicar es cuáles son sus verdaderas intenciones y a qué intereses defienden, ya que no parece razonable asumir que sean legítimos representantes de algun movimiento de indignación ciudadana.
No hay temor ni angustia de nuestra parte frente a estos revocadores porque tenemos la razón y la ética de nuestro lado. Los limeños y limeñas sabrán muy bien distinguir que una cosas es desaprobar inicialmente algunos aspectos de nuestro gobierno y otra muy distinta es querer tirarse abajo en su segundo año a un gobierno elegido limpiamente y para cumplir un plan de gobierno en cuatro años.
En estos días vemos como los revocadores empiezan a hablar de adelanto de elecciones, es decir, reconocen que no quieren respetar la ley electoral en su desesperación por tumbarse como sea a Susana Villaran. Reconocen qué no creen en el propio proceso revocatorio y sus plazos legales. Y le mienten a la gente una vez más al querer confundir revocatoria con elección de autoridades cuando son procesos distintos y con tiempos distintos. Si la revocatoria ocurriera en septiembre de este año, los limeños tendríamos nuevas autoridades recién a fines del 2013...y casi un año sin gobierno metropolitano. Es evidente que quienes promueven este escenario lo último que piensan es en el beneficio de nuestra ciudad.
martes 29 de noviembre de 2011
Peligrosa escalada
El atentado sufrido por el regidor de San Juan de Miraflores Milko Amésquita la semana pasada es un hecho gravísimo que debe llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública. El regidor recibió cuatro disparos de sujetos que dejaron en claro sus amenazas y referencias explícitas a su labor como regidor que viene investigando. Este no fue un intento de asalto o secuestro, fue directamente un intento de asesinato o de amedrentamiento extremo con motivaciones potencialmente relacionadas a labores de investigación y fiscalización de un regidor distrital. Hace unas semanas otro regidor del distrito de Pueblo Libre fue amenazado por un sujeto armado, también haciendo referencia a sus funciones como regidor.
Ambos hechos configuran una escalada de violencia inaceptable y peligrosísima. De seguir transitando por este camino, Lima estará empezando a parecerse a ciudades en donde bandas criminales asociadas al tráfico de tierras, la prostitución, las drogas y otros negocios oscuros defienden impunemente sus ganancias que podrían ser afectadas por investigaciones y fiscalizaciones de regidores que cumplen con sus funciones. Una creciente telaraña de corrupción y violencia se estaría tejiendo en las narices de nuestras autoridades que deberían ya iniciar una profunda invetigación de carácter amplio y para toda la ciudad.
La relación entre organizaciones criminales y el sistema político y administrativo de los municipios es un tema muy delicado y que requiere de la mayor atención como asunto de Estado. Si dejamos pasar hechos como el ocurrido con el regidor Amésquita, a quien expresamos nuestra solidaridad y voto de pronta recuperación, estaremos aceptando que estas bandas criminales se enseñoreen impunemente en la ciudad y logren su vil objetivo de evitar cualquier tipo de investigación que saque a la luz sus oscuros negocios.
Lima no puede transitar por esta via, y le pedimos y exigimos al Ministerio del Interior, la Policía y a la Fiscalía que tomen acciones inmediatas y se planteen un plan de trabajo serio y coherente para enfrentar este flagelo. La vida de un regidor y su esposa ha estado en juego en este insano atentado de criminales, pero también está en juego la vida de todos los que creemos en la democracia y que luchamos para que la corrupción sea combatida con todas las armas de la ley y la justicia. Esperamos sinceramente que este hecho no quede impune y que no pase a engrosar las noticias policiales que sin mayor trascendencia atiborran los noticieros de la capital.
Ambos hechos configuran una escalada de violencia inaceptable y peligrosísima. De seguir transitando por este camino, Lima estará empezando a parecerse a ciudades en donde bandas criminales asociadas al tráfico de tierras, la prostitución, las drogas y otros negocios oscuros defienden impunemente sus ganancias que podrían ser afectadas por investigaciones y fiscalizaciones de regidores que cumplen con sus funciones. Una creciente telaraña de corrupción y violencia se estaría tejiendo en las narices de nuestras autoridades que deberían ya iniciar una profunda invetigación de carácter amplio y para toda la ciudad.
La relación entre organizaciones criminales y el sistema político y administrativo de los municipios es un tema muy delicado y que requiere de la mayor atención como asunto de Estado. Si dejamos pasar hechos como el ocurrido con el regidor Amésquita, a quien expresamos nuestra solidaridad y voto de pronta recuperación, estaremos aceptando que estas bandas criminales se enseñoreen impunemente en la ciudad y logren su vil objetivo de evitar cualquier tipo de investigación que saque a la luz sus oscuros negocios.
Lima no puede transitar por esta via, y le pedimos y exigimos al Ministerio del Interior, la Policía y a la Fiscalía que tomen acciones inmediatas y se planteen un plan de trabajo serio y coherente para enfrentar este flagelo. La vida de un regidor y su esposa ha estado en juego en este insano atentado de criminales, pero también está en juego la vida de todos los que creemos en la democracia y que luchamos para que la corrupción sea combatida con todas las armas de la ley y la justicia. Esperamos sinceramente que este hecho no quede impune y que no pase a engrosar las noticias policiales que sin mayor trascendencia atiborran los noticieros de la capital.
domingo 9 de octubre de 2011
COFOPRI y el centralismo de siempre
El Congreso, por iniciativa del Poder Ejecutivo, acaba de aprobar la semana que pasó una norma que extiende el plazo de operación centralizada del organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI) por cinco años más. Esta medida, que entró con carácter de urgencia a la Comisión de Vivienda del Congreso para luego ser aprobada en tiempo récord por el Pleno, posterga una vez más, y por un periodo excesivamente largo, la necesaria transferencia de una función eminentemente territorial a los gobiernos locales.
La formalización de la propiedad es un instrumento clave para el ordenamiento territorial y para el diseño de políticas de uso del suelo, tanto para grandes ciudades como Piura, Lima, Cusco, Trujillo o Arequipa o para ciudades intermedias y zonas rurales. Este instrumento crucial acaba de ser una vez más negado a los gobiernos locales bajo la excusa de “que no están preparados”. Cabe decir que el Gobierno Central no ha destacado por su eficiencia en la materia, con los escandalosos actos de corrupción detectados en COFOPRI durante la gestión del gobierno aprista, y que aún no han sido sancionados ejemplarmente.
Corrupción y politización de COFOPRI (y el absorbido PETT) han sido la norma antes que la excepción del manejo centralista del tema de la titulación en nuestro país. Y tanto el gobierno de Alejandro Toledo como el de Alan García se negaron a transferir una función tan importante a los gobiernos locales (al final Alan García inició una transferencia forzada y ficticia que en realidad nunca ocurrió).
Preocupa mucho que el gobierno actual tampoco escuchado a los gobiernos locales y sus representantes para iniciar una discusión serena y alturada de una decisión de esta envergadura, la cual pudo haber sido realizada en la Comisión de Descentralización del Congreso como lo solicitara en forma valiente, solitaria y principista su presidente, el Congresista puneño Mariano Portugal. Quizás con ese debate se hubiera aprobado una norma más equilibrada, que obligue al Gobierno Central a encarar en forma seria y técnica el necesario fortalecimiento de capacidades locales en materia de titulación (en un periodo de no más de 18 meses), para luego iniciar una tranferencia que es esencial para el proceso de descentralización en nuestro país. Ahora se ha postergado en forma arbitraria y por cinco años más un proceso que se debió iniciar hace mucho tiempo.
Lo aprobado por el Congreso es más de lo mismo, un gobierno de turno ve la oportunidad para retener una función eminentemente local pero que le genera réditos políticos de corto plazo, mientras el discurso de la descentralización sigue en la abstracción. Esperamos que las autoridades del gobierno reflexionen sobre la forma y el fondo de una mala decisión, evidentemente centralista y muy poco democrática, y que reconozca en los gobiernos locales a aliados importantes en la construcción de una nueva forma de gobernar nuestro país.
La formalización de la propiedad es un instrumento clave para el ordenamiento territorial y para el diseño de políticas de uso del suelo, tanto para grandes ciudades como Piura, Lima, Cusco, Trujillo o Arequipa o para ciudades intermedias y zonas rurales. Este instrumento crucial acaba de ser una vez más negado a los gobiernos locales bajo la excusa de “que no están preparados”. Cabe decir que el Gobierno Central no ha destacado por su eficiencia en la materia, con los escandalosos actos de corrupción detectados en COFOPRI durante la gestión del gobierno aprista, y que aún no han sido sancionados ejemplarmente.
Corrupción y politización de COFOPRI (y el absorbido PETT) han sido la norma antes que la excepción del manejo centralista del tema de la titulación en nuestro país. Y tanto el gobierno de Alejandro Toledo como el de Alan García se negaron a transferir una función tan importante a los gobiernos locales (al final Alan García inició una transferencia forzada y ficticia que en realidad nunca ocurrió).
Preocupa mucho que el gobierno actual tampoco escuchado a los gobiernos locales y sus representantes para iniciar una discusión serena y alturada de una decisión de esta envergadura, la cual pudo haber sido realizada en la Comisión de Descentralización del Congreso como lo solicitara en forma valiente, solitaria y principista su presidente, el Congresista puneño Mariano Portugal. Quizás con ese debate se hubiera aprobado una norma más equilibrada, que obligue al Gobierno Central a encarar en forma seria y técnica el necesario fortalecimiento de capacidades locales en materia de titulación (en un periodo de no más de 18 meses), para luego iniciar una tranferencia que es esencial para el proceso de descentralización en nuestro país. Ahora se ha postergado en forma arbitraria y por cinco años más un proceso que se debió iniciar hace mucho tiempo.
Lo aprobado por el Congreso es más de lo mismo, un gobierno de turno ve la oportunidad para retener una función eminentemente local pero que le genera réditos políticos de corto plazo, mientras el discurso de la descentralización sigue en la abstracción. Esperamos que las autoridades del gobierno reflexionen sobre la forma y el fondo de una mala decisión, evidentemente centralista y muy poco democrática, y que reconozca en los gobiernos locales a aliados importantes en la construcción de una nueva forma de gobernar nuestro país.
sábado 30 de julio de 2011
El discurso presidencial y la ciudad de Lima
El presidente Ollanta Humala ofreció un discurso en el que señaló las grandes orientaciones de su gobierno. Aunque sin entrar en detalles, se vió la prioridad en temas que deben reducir la enorme desigualdad entre peruanos, persistente pese a tener casi una década de crecimiento económico. En este contexto, hubieron tres menciones importantes para nuestra ciudad, Lima Metropolitana. En primer lugar, planteó tener un mecanismo más directo para la coordinación intergubernamental con los gobiernos regionales y locales, partiendo de reconocer a la Asamblea de Gobiernos Regionales.
Este ha sido uno de los aspectos más débiles del gobierno saliente, que no supo ni quizo realmente coordinar con los otros niveles de gobierno. Esperamos que el nuevo gobierno cambie esta mala forma de interactuar entre el Gobierno Nacional y sub-nacionales, que es fundamental para poner en marcha planes conjuntos y resolver problemas en forma coordinada. Lima Metropolitana tiene funciones de gobierno regional y local, y como tal, será un actor importante en los espacios de coordinación intergubernamental.
El segundo tema sobre Lima sí fue específico, y se refiere al transporte. El presidente señaló que se dará continuidad a la inversión en transporte público en la ciudad. La frase es importante pero puede tener varios significados. Desde el punto de vista de los intereses de la ciudad, lo crucial es que las inversiones públicas y privadas se concerten en torno a un solo Plan Maestro, y que este plan sea acatado por todos los actores, incluyendo al gobierno central. Tenemos una triste historia de descoordinaciones en el que Lima tiene retazos de Vía Expresa; un pedazo de Tren Eléctrico; y una parte del Metropolitano, partes que no están integradas en un sistema ni fueron adecuadamente coordinadas. Este tipo de inversiones descoordinadas deben parar, y la ciudad tener un solo plan de inversiones en torno a una visión compartida para el desarrollo urbano sostenible de largo plazo.
Es también fundamental que tengamos una sola autoridad para el transporte en la ciudad (compromiso normativo que deben asumir nuestros 36 congresistas electos por Lima), clave para avanzar en el ordenamiento de un servicio hoy caótico e ineficiente. Resolver el tema del transporte en Lima es hoy prioridad absoluta de la gestión de Susana Villarán, pero debe serlo de todos los niveles de gobierno. Creo que una nueva actitud política de las autoridades nacionales hacia este tema abrirá un espacio muy importante de diálogo y acuerdos por el bien de nuestra ciudad.
Finalmente, un anuncio muy importante del presidente se refiere a su decisión de presidir el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Esta decisión es similar a la que tomó la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán, con respecto al Concejo Metropolitano, y es una decisión para “tomar el toro por las astas” en un tema de altísima prioridad e importancia para la ciudadanía. Esperamos que este anuncio sea el inicio de un nuevo periodo de mayor concertación y decisión política para enfrentar con recursos y planes serios los graves flagelos de la delincuencia, narcotráfico y la violencia callejera en Lima. Creo que nuestra ciudad debe tener esperanza de que se ha iniciado una nueva etapa de mejores relaciones entre gobierno nacional, metropolitano y distritales, una etapa que estoy seguro será más fructífera y eficaz para resolver impostergables problemas de nuestra gente.
Este ha sido uno de los aspectos más débiles del gobierno saliente, que no supo ni quizo realmente coordinar con los otros niveles de gobierno. Esperamos que el nuevo gobierno cambie esta mala forma de interactuar entre el Gobierno Nacional y sub-nacionales, que es fundamental para poner en marcha planes conjuntos y resolver problemas en forma coordinada. Lima Metropolitana tiene funciones de gobierno regional y local, y como tal, será un actor importante en los espacios de coordinación intergubernamental.
El segundo tema sobre Lima sí fue específico, y se refiere al transporte. El presidente señaló que se dará continuidad a la inversión en transporte público en la ciudad. La frase es importante pero puede tener varios significados. Desde el punto de vista de los intereses de la ciudad, lo crucial es que las inversiones públicas y privadas se concerten en torno a un solo Plan Maestro, y que este plan sea acatado por todos los actores, incluyendo al gobierno central. Tenemos una triste historia de descoordinaciones en el que Lima tiene retazos de Vía Expresa; un pedazo de Tren Eléctrico; y una parte del Metropolitano, partes que no están integradas en un sistema ni fueron adecuadamente coordinadas. Este tipo de inversiones descoordinadas deben parar, y la ciudad tener un solo plan de inversiones en torno a una visión compartida para el desarrollo urbano sostenible de largo plazo.
Es también fundamental que tengamos una sola autoridad para el transporte en la ciudad (compromiso normativo que deben asumir nuestros 36 congresistas electos por Lima), clave para avanzar en el ordenamiento de un servicio hoy caótico e ineficiente. Resolver el tema del transporte en Lima es hoy prioridad absoluta de la gestión de Susana Villarán, pero debe serlo de todos los niveles de gobierno. Creo que una nueva actitud política de las autoridades nacionales hacia este tema abrirá un espacio muy importante de diálogo y acuerdos por el bien de nuestra ciudad.
Finalmente, un anuncio muy importante del presidente se refiere a su decisión de presidir el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Esta decisión es similar a la que tomó la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán, con respecto al Concejo Metropolitano, y es una decisión para “tomar el toro por las astas” en un tema de altísima prioridad e importancia para la ciudadanía. Esperamos que este anuncio sea el inicio de un nuevo periodo de mayor concertación y decisión política para enfrentar con recursos y planes serios los graves flagelos de la delincuencia, narcotráfico y la violencia callejera en Lima. Creo que nuestra ciudad debe tener esperanza de que se ha iniciado una nueva etapa de mejores relaciones entre gobierno nacional, metropolitano y distritales, una etapa que estoy seguro será más fructífera y eficaz para resolver impostergables problemas de nuestra gente.
sábado 2 de abril de 2011
Las dificultades electorales
La sensación generalizada sobre el proceso electoral nacional en marcha es de gran pesimismo y desconcierto. Los candidatos presidenciales no son reconocidos por sus propuestas para el país sino por ser actores o víctimas de ataques y shows mediáticos. El proceso está siendo interferido no sólo por presidentes de otros países (Chávez, Piñera), sino por el nuestro, que no sólo ha vertido opiniones políticas controversiales, sino que ha tomado decisiones de política contraproducentes como la rebaja del IGV. En este esquema, el presidente no ha dudado en atentar contra la gestión metropolitana al impulsar un proyecto de tren eléctrico Ate-Callao que compite con el Metropolitano 2 o la reciente propuesta de crear una “provincia especial” en San Juan de Lurigancho, a todas luces una propuesta electorera sin sustento técnico y legal.
A este panorama habría que agregarle los miles de paneles publicitarios con caras sonrientes o complacientes de candidatos al Congreso que tratan de convencer, a un electorado muy confundido, de votar por algún número preferencial. Cero propuestas de los candidatos al Congreso, de quienes no sabemos qué agenda legislativa suscriben para sus electores. La discreta pero significativa presentación de la Agenda Legislativa de Fuerza Social asi como el foro de discusión de propuestas para Lima organizao por la Municipalidad Metropolitana han sido golondrinas en este largo verano electoral.
Así las cosas, es poco lo que podemos esperar de este proceso y es hora de pensar qué está fallando y cómo deberíamos encarar una reforma política de fondo en los próximos años. Considero que una parte fundamental del problema estriba en el carácter extremadamente presidencialista de nuestro sistema político, basado casi exclusivamente en el poder presidencial. Es por eso que el candidato a presidente lo es casi todo, mientras la consistencia entre su propuesta y la de sus congresistas no interesa mayormente. Con un nefasto voto preferencial que destruye campañas y propuestas congresales coherentes, tenemos lo que recibimos, es decir presidencialismo exacerbado y un Congreso débil y fragmentado, con alta dosis de transfuguismo. Por eso es que los partidos políticos importan tan poco, solo los caudillos-candidatos de turno los importantes.
Creo que ya es hora de pensar en un sistema menos presidencialista-caudillista y más parlamentarista-partidario, donde el poder del presidente o del primer ministro provengan más del consenso parlamentario y de los partidos que nos representen. Se debe eliminar el voto preferencial y promover la elección de congresistas con propuestas coherentes de gobierno. Con un sistema distinto, quizás en un futuro cercano podremos asistir a contiendas electorales donde partidos fuertes y democráticos nos seduzcan con ideas y propuestas de fondo para el país, y no como ahora, donde solo recibimos promesas descabelladas y un concierto altisonantes de caras y eslogans vacíos tanto de candidatos-caudillos como de “sus” posibles congresistas, que a la hora de la hora, lo más probable es que sigan hundiendo en el descrédito a las instituciones de la democracia.
A este panorama habría que agregarle los miles de paneles publicitarios con caras sonrientes o complacientes de candidatos al Congreso que tratan de convencer, a un electorado muy confundido, de votar por algún número preferencial. Cero propuestas de los candidatos al Congreso, de quienes no sabemos qué agenda legislativa suscriben para sus electores. La discreta pero significativa presentación de la Agenda Legislativa de Fuerza Social asi como el foro de discusión de propuestas para Lima organizao por la Municipalidad Metropolitana han sido golondrinas en este largo verano electoral.
Así las cosas, es poco lo que podemos esperar de este proceso y es hora de pensar qué está fallando y cómo deberíamos encarar una reforma política de fondo en los próximos años. Considero que una parte fundamental del problema estriba en el carácter extremadamente presidencialista de nuestro sistema político, basado casi exclusivamente en el poder presidencial. Es por eso que el candidato a presidente lo es casi todo, mientras la consistencia entre su propuesta y la de sus congresistas no interesa mayormente. Con un nefasto voto preferencial que destruye campañas y propuestas congresales coherentes, tenemos lo que recibimos, es decir presidencialismo exacerbado y un Congreso débil y fragmentado, con alta dosis de transfuguismo. Por eso es que los partidos políticos importan tan poco, solo los caudillos-candidatos de turno los importantes.
Creo que ya es hora de pensar en un sistema menos presidencialista-caudillista y más parlamentarista-partidario, donde el poder del presidente o del primer ministro provengan más del consenso parlamentario y de los partidos que nos representen. Se debe eliminar el voto preferencial y promover la elección de congresistas con propuestas coherentes de gobierno. Con un sistema distinto, quizás en un futuro cercano podremos asistir a contiendas electorales donde partidos fuertes y democráticos nos seduzcan con ideas y propuestas de fondo para el país, y no como ahora, donde solo recibimos promesas descabelladas y un concierto altisonantes de caras y eslogans vacíos tanto de candidatos-caudillos como de “sus” posibles congresistas, que a la hora de la hora, lo más probable es que sigan hundiendo en el descrédito a las instituciones de la democracia.
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